La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 451 votos, cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que en la emisión de las órdenes de protección las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente, tome en consideración la relación de poder, subordinación y privilegio que tiene la persona servidora pública por su cargo, contra la mujer, niña o adolescente en situación de violencia.
Estipula que los Poderes legislativos federal y locales impulsen que, en los casos de violencia familiar cometida por personas servidoras públicas que se valgan de su posición de poder о cargo para ejercerla, dicha conducta sea sancionada con independencia de los delitos en los que haya incurrido la persona agresora, y se prevea su sanción en las leyes administrativas aplicables.
El dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, que adiciona la fracción VII al artículo 9 y la fracción VII al artículo 32, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, destaca la importancia de proporcionar seguridad a las víctimas que sufren violencia en pareja y familiar, independientemente de la influencia política y posición de la persona agresora, colaborando directamente con las instituciones debidas para asegurar que sean aplicadas correctamente.
Su implementación, agrega, es fundamental para combatir la impunidad y las situaciones de riesgo que posicionan a la persona perjudicada en un estado de vulnerabilidad posterior a la realización de su denuncia.
Menciona que el temor a represalias, dada la influencia política о institucional de la persona agresora, la falta de mecanismos específicos para atender estas situaciones, pueden hacer que la víctima enfrente mayores barreras para denunciar y recibir apoyo. Estas situaciones incrementan la vulnerabilidad de las víctimas por lo que se deben construir vías de protección efectivas e inmediatas.
Asimismo, especifica las garantías legales para que las mujeres víctimas de violencia no se sometan a una victimización secundaria como resultado del poder que en el ámbito público o social pueda tener su violentador.
Existe un alto índice de violencia de género
La promovente, diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) resaltó que actualmente existe un alto índice de violencia de género en nuestro país y se tiene un grave problema de violencia de género, de impunidad y muchos obstáculos para que las mujeres puedan acceder a garantizar su derecho a la justicia. “No pueden sentirse seguras ni en su hogar que debería ser un espacio de protección.
“Reconocemos que las mujeres que enfrentan agresiones por parte de servidores públicos, además de lo doloroso que es la violencia, tienen miedo por las represalias, tienen desconfianza en las instituciones públicas. Y es que en realidad no debería haber agresores en el poder, pero tampoco la simetría de poder debería ser un factor para la impunidad”, dijo.
Por ello, indicó, estas reformas tienen el objetivo de fortalecer las medidas de protección a víctimas, especialmente en los casos donde los agresores son servidores públicos. “No podemos permitir que un agresor haga mal uso de su cargo y abuse de su autoridad, no podemos permitir la impunidad”. Esta Cámara debe enviar el mensaje correcto, “que las mujeres en México importan y que lo que no debe importar es el cargo público que pueda tener un agresor”.
