Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaron una manifestación frente al Palacio Nacional para solicitar una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en busca de justicia y atención a sus demandas.
Desde el pasado 3 de noviembre, los familiares del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) han llevado a cabo protestas para denunciar las irregularidades en las investigaciones y la falta de respuesta por parte de las instituciones gubernamentales. La principal exigencia es que la mandataria los escuche y atienda su situación, que aún sigue pendiente de esclarecimiento.
Según información del CDHNL, la Fiscalía General de la República (FGR) ha perdido varios juicios en contra de unos 70 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), acusados de presuntas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2018. La organización documenta al menos 54 víctimas de desaparición forzada relacionadas con un operativo de la UNOPES, que, según reportes, fue dirigido contra los cárteles del Golfo, Los Zetas y el Noreste en un intento por combatir la delincuencia organizada.
Durante la manifestación, Ericka Arredondo, madre de Julio César Viramontes Arredondo, una de las víctimas, expresó que, a siete años del incidente, aún hay 32 personas desaparecidas, incluyendo a su hijo. Además, criticó la poca eficacia de las investigaciones del Ministerio Público, calificándolas como una burla para las familias afectadas.
Las denunciantes también reclamaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les asignó abogados sin experiencia que no conocen los detalles de sus casos, limitándose a firmar documentos sin brindar asesoría adecuada. Aseguran que ninguna familia ha recibido una reparación integral y que no han tenido reuniones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lo que va del año.
Asimismo, denunciaron que la Comisión de Búsqueda de Personas obstaculiza sus peticiones para realizar búsquedas de campo y de personas en vida en los estados colindantes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Tras varias horas de protesta, las familias regresaron a Nuevo Laredo el jueves 6 de noviembre tras ser atendidas por funcionarios de la Oficina de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación. En ese encuentro, las autoridades se comprometieron a gestionar una reunión con representantes de la CNDH, la FGR, la CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de dar seguimiento a sus demandas y buscar justicia para sus seres queridos.
