La Cámara de Diputados formuló la Declaratoria de la Zonas de Atención Prioritaria para 2026, en cumplimiento de los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley General de Desarrollo Social y 29 de su Reglamento.
Además, con base en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 2025, emitidos por el extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados.
Las Zonas de Atención Prioritaria Rurales son mil 575 municipios que se encuentran en las 32 entidades federativas y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones:
Son de muy alta o alta marginación, o tienen muy alto o alto grado de rezago social, o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 15 por ciento, o son municipios indígenas o afromexicanos, o de alto nivel delictivo, o el porcentaje de la población con grado de accesibilidad a carretera pavimentada considerado bajo o muy bajo es mayor o igual al 50 por ciento, o son municipios de reciente creación posterior al evento censal 2020 y municipios clasificados como no urbanos.
Mientras que las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas se precisan 49 mil 491 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas en cuatro mil 626 localidades urbanas de dos mil 387 municipios y que cumplen las siguientes condiciones:
AGEBS urbanas con muy alto o alto grado de marginación, o muy alto o alto grado de rezago social, o porcentaje de personas en condición de pobreza mayor al 18 por ciento, o AGEBS urbanas ubicadas en municipios considerados como Zonas de Atención Prioritaria Rurales, conforme a la metodología empleada en su determinación de acuerdo con características no solo demográficas, sino también geográficas, económicas, sociales y de infraestructura.
La Declaratoria tendrá como efectos asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios, establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo, generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
Para ello, los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal podrán convenir acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.
Se solicitó la publicación de la Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026.
