Al afirmar que no hay que abrirle carpetas de investigación a quienes exigen seguridad y mejores condiciones de vida, sino a quienes extorsionan, secuestran y asesinan, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a reconocer y resolver el problema de la inseguridad en las carreteras.
“Es necesario que reconozcamos que no es un tema a politizarse. Es un tema a resolverse”, sostuvo en entrevista con reporteros que cubren las actividades en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La diputada presidenta expuso que el problema de la inseguridad afecta directamente a los ciudadanos, pues todos terminan pagando los costos de los asaltos y las extorsiones.
“Es necesario que las autoridades, todas, reconozcamos el problema de inseguridad que es brutal y es altísimo. Que reconozcamos el problema de inseguridad en las carreteras para los transportistas, que les afecta a ellos y que, por cierto, también encarece el transporte para los ciudadanos, todos, que terminan siendo los que pagan estas extorsiones”, insistió.
En ese sentido, reiteró su llamado a las autoridades a resolver el tema y “abrirles carpetas de investigación a los delincuentes, a quienes extorsionan, a quienes dañan, a quienes asesinan, a quienes secuestran. No hay que abrirles carpetas de investigación a quienes quieren trabajar y sacar este país adelante”.
En la Cámara de Diputados, abundó, se trabaja para dar respuesta a este problema y destacó que hoy se estaría discutiendo y aprobando un paquete de leyes para erradicar la extorsión.
Informó que este paquete de leyes tiene el objetivo de “detener la extorsión que lamentablemente lastima a todo el país” mediante la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, así como reformas al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“Hoy vemos que hay un reclamo social, público, que hay manifestaciones y que hay una exigencia de la ciudadanía porque esto que sucede en términos de extorsión a las y los mexicanos es algo que se debe detener. La extorsión es el delito que más crece en México y evidentemente eso no lo debemos seguir permitiendo. Hoy millones de mujeres y hombres en este país tienen que pagar un impuesto ilegal, un impuesto adicional y ese impuesto se lo pagan a los extorsionadores, esto es a los delincuentes”, explicó.
Estos delitos, reiteró, impactan en términos económicos y logísticos, y representan medio punto del PIB que pagan los transportistas por extorsiones.
“Es evidente que las carreteras están hoy muy complicadas en términos de inseguridad. Lo sabemos todos. Así es que más allá de adjudicar a una afiliación política, más allá de adjudicar incluso a personas con nombre y apellido, yo creo que estamos responsabilizados, todos los servidores públicos, a buscar cómo la inseguridad se disminuya”, concluyó.
